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RÉGIMEN SIMPLIFICADO INGRESOS BRUTOS JUJUY

Por Cr Héctor Calizaya

Hablar de un régimen simplificado implica la preexistencia de un régimen tributario que entre otras cosas determina el tributo (impuesto, tasa o contribución de mejora) en un determinado territorio y cómo dar cumplimiento con la obligación establecida por la legislación que la sustenta.

En principio existe un régimen común o general que establece dos acciones para considerar cumplida la obligación tributaria, la primera acción es confeccionar la declaración jurada y como segunda acción ingresar el saldo de la declaración jurada (pagar).

Entonces ¿Qué es un régimen simplificado?

Las administraciones tributarias establecen a determinados grupos de contribuyentes la incorporación a un régimen simplificado es decir un mecanismo (distinto del general) cuya característica es eximir o dispensar de ciertas obligaciones, en este caso exime de la presentación de declaraciones juradas mensuales y considera que el pago de un importe fijo determinado da por finalizada la obligación del contribuyente.

Esto que describimos precedentemente es lo que ha sido establecido en el Código Fiscal de la Provincia de Jujuy en su Artículo 272º, los contribuyentes incluidos en él ingresarán un importe fijo mensual (que ha sido establecido en la Ley 6129 que modifica a la Ley 6114 que es la Ley Impositiva vigente para el año 2019).

Esquemáticamente podemos resumir:

Este régimen simplificado de Ingresos Brutos ha entrado en vigencia desde el 01 de Setiembre de 2019 y los importes a ingresar son:

A fin de reglamentar el mencionado Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se publicó en el boletín oficial la Resolución General N° 1542/2019, entre algunas cuestiones a considerar son las siguientes:

 

 

  • Pertenecerán al régimen los contribuyentes que tengan solo actividad en la provincia de Jujuy (régimen Local).
  • La condición de contribuyente local (es decir solo el que realiza actividad comercial en la provincia de Jujuy solamente) y el alta en Monotributo AFIP en categoría A, B o C implica el alta en forma automática en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
  • El pago del tributo provincial para los incorporados al régimen se realiza a través de la credencial de Monotributo AFIP.
  • Los incluidos en el Régimen Simplificado Ingresos Brutos desde el período 09/2019 quedan exceptuados de los regímenes de retención y percepción.
  • Deberán constituir Domicilio Fiscal Electrónico mediante la clave fiscal de Rentas.

Esta simplificación es un elemento que debe ser tenida en cuenta para identificar el impacto en las finanzas del emprendedor o comerciante, para poder interiorizarse sobre las implicancias en cada caso en particular del nuevo régimen sugerimos el asesoramiento con un profesional Contador Público debidamente matriculado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MONOTRIBUTO UNIFICADO DE JUJUY

Por Diego Andrés Colazo
Contador Público Nacional
Especialista en Tributación

1.- BREVE REPASO DE LOS HECHOS RELEVANTES:

El 11 de Julio de 2019 se sanciona en la Legislatura jujeña la ley 6.128, modificatoria del Código Fiscal Ley 5.791, particularmente del artículo 272 que faculta a la Dirección Provincial de Rentas a celebrar convenios con la AFIP con el fin de que el impuesto a ingresar por los contribuyentes alcanzados por el Régimen Simplificado Provincial pueda ser liquidado y recaudado conjuntamente con los correspondientes al Régimen Nacional.

Admite la modificación que esos convenios puedan incluir, además, la modificación de las formalidades de inscripción, modificaciones de datos o bajas del impuesto con el fin de simplificar los trámites que correspondan a los sujetos a partir de la unificación de los mismos con los realizados en la AFIP.

En la misma fecha, la legislatura provincial aprueba la ley 6.129, modificatoria de la Ley Impositiva 6.114, incorporando en el Anexo III al artículo 14 que dispone que los sujetos obligados al pago del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deberán ingresar mensualmente importes fijos de acuerdo a la categoría que revistan en el monotributo nacional, siempre que ostenten las categorías A, B, C o Monotributista Social ante el fisco nacional.

El 30 de agosto de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución General Conjunta Nº 4.563, suscripta por los máximos responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy.

Esta resolución general en acuerdo de fiscos nacional y provincial se refiere a la incorporación de los pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Jujuy al denominado “Sistema Único Tributario” (S.U.T.).

Muy recientemente, con fecha 04 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy, la Resolución General (DPR Jujuy) Nº 1.542, reglamentaria de la parte pertinente que corresponde al fisco provincial.

2.- SISTEMA UNICO TRIBUTARIO:

El S.U.T. es el sistema aprobado por la AFIP mediante el dictado de la Resolución General Nº 4.263, en ocasión de la implementación del sistema en forma conjunta con la provincia de Córdoba, con el fin de promover la simplificación y unificación de los trámites de inscripción y pago de las obligaciones tributarias correspondientes al fisco nacional, a los provinciales y a los municipales que adhieran al mismo en posteriores convenios o normas particulares.

Se trata de la integración del Monotributo Nacional y del Monotributo Social con el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de Jujuy.

Concretamente, el S.U.T. supone la posibilidad que tienen los contribuyentes incluidos de cancelar obligaciones tributarias ante los fiscos de los distintos niveles de gobierno en un único volante de pago que incluya el impuesto integrado, los aportes al SIPA y al SNSS si correspondieren, el impuesto sobre los ingresos brutos de los regímenes simplificados provinciales y la contribución o tasa que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios (v.gr. tasa de seguridad, salubridad e higiene o denominaciones similares) de los municipios que vayan adhiriendo al sistema.

Implica, además, la simplificación y reducción de trámites de padrón (ABM) a su mínima expresión, con un único aporte de documentación en AFIP y una réplica posterior a las bases de datos de los fiscos subnacionales.

En rigor, el S.U.T. no es otra cosa que la concreción de algunas ideas y proyectos de antigua data como las conocidas “Ventanilla Única” y “Pago Integrado”, proyectos ambos que constituyeron durante años una suerte de muletilla para los administradores tributarios al momento de exponer futuros proyectos de simplificación administrativa aplicada a los tributos.

3.- PARTICULARIDADES DEL S.U.T.

La Resolución General (DPR Jujuy) Nº 1.542 reglamenta los aspectos operativos del sistema.

  • SUJETOS ALCANZADOS:

Son aquellos que se encuentran alcanzados por el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los contribuyentes locales del Monotributo Social Provincial y los comprendidos en las categorías A, B y C del Monotributo Nacional Ley 24.977 y sus modificatorias.

La inclusión, exclusión, categorización y recategorización de los sujetos alcanzados por este régimen se concretará en forma automática, conforme la categoría que revista frente a la AFIP.

Aquellos contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que al 31 de agosto de 2.019 se encuentren comprendidos en los supuestos previstos en el artículo precedente, serán automáticamente incorporados al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos a partir del 1º de setiembre de 2.019.

  • ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE DATOS:

Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que fueran monotributistas nacionales A, B, C o Sociales pero no registraren inscripción en la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, serán incorporados de oficio al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Tales contribuyentes deberán comunicar la modificación de datos conforme el procedimiento que establece la Resolución General Conjunta Nº 4.563 a través del sitio web de la AFIP dentro de los plazos allí establecidos.

La cancelación de la inscripción en el Monotributo nacional originada en la baja por fallecimiento, cese de actividades o renuncia, se formalizará conforme al procedimiento que, para cada caso, establece la Resolución General (AFIP) N° 2.322, sus modificatorias y su complementaria, e implicará asimismo la baja en el Régimen Simplificado Provincial.

En caso de producirse la cancelación por renuncia, el contribuyente quedará incluido en el Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a partir del primer día hábil del mes siguiente.

  • PAGO:

El pago del monto mensual que corresponda al componente provincial del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Jujuy, se realizará a partir del vencimiento del mes de setiembre de 2.019.

  • EXCLUSIONES:

Quedarán excluidos del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos:

  1. Contribuyentes del Convenio Multilateral.
  2. Contribuyentes exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos.
  3. Contribuyentes que hayan sido excluidos de oficio por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los términos del artículo 20 del “Anexo” de la ley nacional 24977 y sus modificatorias.
  4. Contribuyentes que se recategoricen voluntariamente o sean recategorizados de oficio, en una categoría superior a la C.
  5. Contribuyentes que renuncien ante la Administración Federal de Ingresos Públicos al Monotributo nacional.
  6. Contribuyentes que soliciten la exclusión del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
  7. Contribuyentes que efectúen pago a cuenta de espectáculos públicos Resolución General (DPR Jujuy) Nº 1.464 y sus modificatorias.
  8. Contribuyentes que efectúen el pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos por traslado de mercadería Resolución General (DPR Jujuy) Nº 1.476 y sus modificatorias.
  9. Contribuyentes que realicen las actividades para las que la Ley Impositiva determine un impuesto mínimo especial:

Cuando un contribuyente sea excluido del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos por las causales 3, 4, 5, 6, 7 u 8 los contribuyentes deberán ingresar el tributo que correspondiere, declaración jurada mediante, a partir del mes siguiente a la exclusión.

  • EXCEPCIÓN A LOS REGÍMENES DE RECAUDACIÓN:

Los contribuyentes incluidos en el S.U.T. no serán pasibles de recaudaciones anticipadas del impuesto.

La condición será acreditada mediante la constancia de opción al Monotributo nacional o por la constancia de inscripción ante la DPR Jujuy.

  • EXHIBICION DE LA IDENTIFICACION Y COMPROBANTE DE PAGO:

Los contribuyentes del S.U.T. deberán exhibir en sus establecimientos la constancia de opción al Monotributo nacional junto con el comprobante de pago correspondiente al último mes vencido.

  • DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO:

Los contribuyentes incluidos en el S.U.T. deberán constituir obligatoriamente su domicilio fiscal electrónico en los términos de la Resolución General (DPR Jujuy) Nº 1.482 y sus modificatorias.

  • PLAN DE PAGOS ESPECIAL:

Los contribuyentes que no tuvieren cancelada la posición correspondiente al mes de agosto de 2019 en el impuesto sobre los ingresos brutos, podrán cancelar su obligación mediante un plan especial de pagos en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, utilizando el servicio de la página web de la DPR Jujuy.

  • SALDOS A FAVOR:

Los contribuyentes incorporados al S.U.T. que tuvieren saldo a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos en la posición de agosto 2019, podrán compensar ese saldo con otros tributos o, en el caso de no registrar deudas, podrán compensar con las cuotas a vencer del monotributo unificado, previo control y conformidad de la DPR Jujuy.

  • CONSTANCIA DE INSCRIPCION:

Los contribuyentes incorporados al S.U.T. podrán obtener su constancia de inscripción, tanto en el sitio web de la AFIP como en el de la DPR Jujuy.

  • CODIGO UNICO DE REVISTA (CUR):

La Resolución General (DPR Jujuy) Nº 1.542 aprueba la credencial de pago formulario F.1520 que contiene el CUR emitido por la AFIP.

4.- BENEFICIOS DEL S.U.T. PARA LOS CONTRIBUYENTES JUJEÑOS:

Del análisis de la normativa y del sistema se puede señalar que el S.U.T. prevé importantes beneficios para los contribuyentes incluidos.

El primero de esos beneficios es la posibilidad de efectuar un pago integrado en volante único que incluya la obligación tributaria nacional, la provincial, y en la medida que adhieran municipios jujeños, las locales, con un único vencimiento.

Ello tiene directa relación con el principio económico de comodidad de pago de las obligaciones tributarias.

Asimismo, la posibilidad de cumplir con la obligación formal de inscripción ante los distintos fiscos en único acto, reduce costos monetarios y de tiempo para los contribuyentes que se benefician ante esta simplificación administrativa.

Por otra parte, los contribuyentes se liberan de una obligación formal como es la presentación de una declaración jurada mensual con lo que ello representa en tiempos, estructuras administrativas o costos.

La compensación de saldos a favor con cuotas por vencer simplifica no solo la situación del contribuyente sino que reduce costos de administración para los fiscos subnacionales.

Para cancelar la obligación del mes de agosto de 2019, la DPR ofrece un plan de pagos especial en tres cuotas, de manera tal de atenuar la carga tributaria correspondiente al mes de septiembre de 2019.

Finalmente, la exclusión de regímenes de recaudación implica la no generación de saldos a favor de difícil recupero y mejora la situación financiera de los contribuyentes.

5.- ALGUNAS CRITICAS AL S.U.T.:

La importancia de los beneficios que el sistema ofrece tanto a los contribuyentes como a los propios fiscos pareciera diluir cualquier crítica que se le realizara.

No obstante ello, es menester formular algunas consideraciones.

La principal, teniendo en cuenta los antecedentes del S.U.T. en provincias como Córdoba, Mendoza o San Juan, es la limitación a solo tres categorías del Monotributo nacional.

Los regímenes de las provincias indicadas ut supra admiten todas las categorías del monotributo nacional o, en el caso de Mendoza hasta la categoría F. Incluso la próxima incorporación al S.U.T. en octubre, que es la de la provincia de Río Negro, admite todas las categorías.

En distintas manifestaciones periodísticas, funcionarios de la administración tributaria provincial expresaron que el S.U.T. beneficiará a 24.000 contribuyentes de un total aproximado de 33.000.

Ello implica que hay un grupo de 9.000 contribuyentes que también podrían haberse beneficiado del sistema y que, inexplicablemente, quedaron fuera del régimen.

En ese mismo orden de ideas, surge el interrogante respecto de aquellos contribuyentes que realicen pagos a cuenta de espectáculos públicos o por traslado de mercaderías, máxime considerando los exiguos montos que representan esos pagos a cuenta en la recaudación tributaria provincial (menos del 2%).

La exclusión de contribuyentes con actividades sujetas a mínimos especiales carece de sentido también y su inclusión en el sistema contribuiría a mejorar el cumplimiento tributario, facilitando al fisco provincial la administración y control de actividades cuyos mínimos pueden ser objeto de cuestionamientos o fraudes en mayoría de casos.

Otra cuestión criticable del S.U.T. es que se dijo desde la DPR Jujuy que el mismo serviría para bajar la carga tributaria de los contribuyentes y ello no es así.

Los contribuyentes de los tramos menores de ingreso de cada categoría sufren un incremento en su carga impositiva que, en términos porcentuales, luce considerable más en tiempos difíciles como los económicos y financieros actuales.

Solo algunos contribuyentes de ciertos tramos se benefician con una leve reducción de sus impuestos.

Para graficar esta situación analicemos un simple ejemplo de un contribuyente alcanzado por una actividad no excluida y que tribute ingresos brutos a la alícuota general del 3%, con tramos de ingresos imponibles promedios que se incrementan en $ 500.

Se consideran en el ejemplo los límites mensuales de categoría del Monotributo nacional, vigentes a la fecha:

El mínimo de impuesto vigente en el impuesto es de $ 255.

El cuadro de situación se expone a continuación:

El contribuyente el ejemplo sufre un incremento de su carga hasta alcanzar un tramo de ingresos de $ 10.000 mensuales. A partir de ese monto, comienza a gozar de una disminución de su carga hasta los $ 11.500, monto a partir del cual debería comenzar a tributar en la categoría siguiente del monotributo nacional (B).

De igual modo, el contribuyente soportaría mayor carga tributaria hasta los $ 16.500 y se beneficiaría con reducción solo si obtuviera alrededor de $ 17.000, ya que al obtener $ 17.500 estaría superando el límite mensual supuesto y debería recategorizarse como C en el monotributo nacional. Y en tal categoría sufriría de mayor carga tributaria hasta ser excluido del S.U.T.

Relacionando el impuesto determinado si fuera contribuyente de régimen general y el monto del monotributo provincial obtenemos el promedio de incremento de la carga tributaria en cada categoría, porcentajes que son los siguientes:

De tal manera se demuestra, numéricamente, que la carga tributaria de los contribuyentes se incrementa considerablemente aunque este incremento debería sopesarse contra los restantes beneficios del S.U.T.

Ante ello nos surge la inquietud acerca de cuál sería el mecanismo de que dispondrán los contribuyentes para optar “no ser incluidos” en el S.U.T.

Otra de las cuestiones criticables, no del sistema en sí sino de la forma en que se implementó, es que se observó otro caso de “legislación por aplicativo” ya que, en los hechos, las inscripciones únicas en AFIP comenzaron aproximadamente el 22 de agosto de 2019 y las cuestiones particulares vinculadas con el fisco provincial se resolvieron con “criterios de especialistas informáticos” en una etapa de prueba en campo. Agravó aún más la situación la falta de dictado de la norma reglamentaria y aclaratoria de aspectos operativos que recién fue publicada en la tarde del 04 de septiembre con el sistema ya en funcionamiento.

Tampoco puede pasarse por alto que, en los hechos, los contribuyentes nuevos deben concurrir igualmente a la DPR Jujuy pues están obligados por la normativa aplicable a constituir domicilio fiscal electrónico y para ello deben contar con la clave fiscal provincial.

Hubiera sido deseable un desarrollo informático que les permitiera obtener dicha clave a través de un web service provincial ya que obtener tal clave desde la propia AFIP pareciera ser utópico.

Más como interrogante que como crítica se plantea la situación de los contribuyentes que estuvieran inscriptos en AFIP y no en la DPR Jujuy, ya que el procedimiento de incorporación que deberá aplicarse es la inscripción de oficio prevista en la Resolución General (DPR Jujuy) Nº 1.466.

La casuística que puede presentarse al respecto es variada. Desde un contribuyente que trabaja en relación de dependencia en Jujuy y obtiene rentas alcanzadas en el impuesto sobre los ingresos brutos en concepto de alquileres de departamentos en Salta a un contribuyente que por motivos diversos aporta al Monotributo Nacional sin realizar actividad gravada en Jujuy.

Consideremos también que habrá contribuyentes que antes aportaban impuesto por la vía de los agentes de recaudación y que ahora quizás no lo hagan. Además, el fisco provincial perderá algo de información valiosa por parte de esos agentes.

Como fuere y más allá de las críticas que este trabajo formule, los resultados del S.U.T. seguramente se irán conociendo y evaluando a medida que el tiempo transcurra y se observe el grado de cumplimiento de los contribuyentes y la recaudación provincial obtenida.-

POLITICA TRIBUTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO: UNA DEUDA PENDIENTE EN JUJUY

 Por Diego Andrés COLAZO
Contador Público Nacional
Especialista en Tributación

Mucho se viene hablando en los últimos tres años sobre cambios en la matriz productiva de la provincia de Jujuy impulsados por el actual Gobierno Provincial.

Más allá del grado de avance de esos tan publicitados cambios, lo cierto hoy es que éstos son aún promesas que podrían convertirse en realidad solo si el Gobierno logra concretar y poner en marcha algunos de sus principales proyectos.

Particularmente, nos referimos a:

  1. La generación de energía solar con el proyecto Cauchari.
  2. La extracción de litio y su posterior aplicación en la fabricación de baterías.
  3. El cultivo de cannabis con fines medicinales.
  4. El desarrollo de tecnología Big Data.

Cuando analizamos particularmente cada proyecto de Gobierno, nos surge el interrogante de qué tan distinto podría ser el escenario si la política tributaria acompañara a la económica y ésta, a la gestión de gobierno.

Ello así porque desde hace tiempo que la provincia de Jujuy padece seriamente por la falta total de política tributaria, cuestión que debilita en gran medida a una cada vez más anémica política económica provincial, alejándola del desarrollo sustentable como objetivo macro al cual contribuir para retroalimentarse con una mayor recaudación en los tiempos de bonanza.

Es cierto que el Consenso Fiscal[i] marcó la cancha para las jurisdicciones provinciales (Jujuy inclusive) en cuanto a la reducción de alícuotas como compromiso asumido pero, en rigor, pareciera que se trata más de una cuestión de responsabilidad fiscal que de política tributaria.

Igualmente sería conveniente repasar algunos hechos puntuales:

El impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos son los principales tributos provinciales en términos de recaudación, representando ambos el 93% de lo recaudado por el fisco provincial en el ejercicio fiscal 2018[ii].  Asimismo, el 60% de la recaudación tributaria ingresa en forma indirecta, vía mecanismos anticipados (agentes de retención, de percepción y de recaudación bancaria), pudiendo presentar un stock de saldos a favor de contribuyentes muy significativos y de difícil recupero.

Todo ello implica que el régimen tributario jujeño es distorsivo, regresivo y esencialmente recaudatorio (no regulatorio).

Nada nuevo se dice con esa descripción, pero habilita a preguntar qué medidas de índole tributaria se tomaron para intentar corregir, o al menos atemperar, las distorsiones, excesos y regresividad del régimen jujeño.

Y entonces deberá asimilarse respuestas que no son las deseadas.

No se implementaron en los últimos años medidas de incentivo fiscal, a excepción de la Ley 5.922 (2016) de Promoción de Inversiones y muy recientemente, de la Ley 6.132[iii] (2019) de Promoción de Actividades de Big Data.

En efecto, la Ley de Promoción de Inversiones, calificada pretensiosamente como “la mejor ley de fomento del país”, ha sido un fracaso rotundo ya que muy pocas empresas han sido beneficiadas, solo unas dieciocho (18)[iv] que no se tratan en realidad de nuevos emprendimientos sino de reformulación de actividades para acceder a los beneficios por parte de empresas instaladas desde hace muchos años en Jujuy. Incluso el monto promocionado es exiguo, ya que apenas asciende a casi pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) según el gasto tributario expresado en el presupuesto estatal del período 2019[v].

Respecto de los incentivos de la Ley de Promoción de actividades de Big Data, éstos se refieren a exenciones y diferimientos en el impuesto sobre los ingresos brutos, como así también exenciones en el impuesto de sellos para las empresas del rubro que se radiquen en la provincia de Jujuy y que se inscriban en un registro ad hoc creado por ley.

Como fuere, hoy los principales incentivos fiscales son de antigua data: los de la Ley 5.290 (2002) de Promoción de Inversiones Mineras y los de la Ley 5.428 (2004) de Fomento y Promoción del Desarrollo Turístico que suponen más de pesos ciento treinta millones ($ 130.000.000) de gasto tributario en el presupuesto.

Tampoco se implementaron verdaderas medidas de alivio fiscal que habrían resultado óptimas en los últimos tiempos para los maltrechos contribuyentes provinciales.

El adjetivo “verdaderas” viene a colación de que se implementaron apenas un plan de pagos de carácter transitorio de casi nula adhesión y un régimen especial de regularización de deudas con condonación parcial de intereses, en los que por esa testaruda y nefasta exigencia de un anticipo inmediato y de una calificación de riesgo inoportuna por parte del fisco provincial, terminaron por mejorar la financiación de quienes no la necesitaban o tenían “mayores espaldas financieras”, perjudicando gravemente a los contribuyentes más necesitados.

Para completar un cuadro dantesco, las acciones de recupero de deuda del fisco se tornaron más agresivas, masificándose las fiscalizaciones presenciales, los sumarios por multas automáticas, las intimaciones y la emisión de títulos ejecutivos, sin la debida inteligencia fiscal ni el timing necesario para no perjudicar la economía desde lo fiscal.

Retomando la cuestión de la matriz productiva, el Producto Bruto Geográfico Jujeño exhibe la siguiente conformación[vi], según los datos disponibles más recientes:

 

La falta de política tributaria resulta evidente al advertirse que no existen tratamientos impositivos especiales o privilegiados para las actividades que Gobierno Provincial intenta promover para las actividades de generación de energía solar (u otras formas limpias), la extracción de litio para la fabricación de baterías y el cultivo de cannabis con fines medicinales. Tampoco tienen tratamiento especial otras actividades que el Gobierno promueve, aunque en menor medida, como el turismo o la disposición final y sustentable de residuos, etc.

Los tratamientos impositivos en general, en cuanto alícuotas o beneficios fiscales corresponden a los compromisos asumidos en el marco del Consenso Fiscal.

De lo expuesto cabe concluir que el Gobierno Provincial no tiene interés en la política tributaria como elemento facilitador de desarrollo económico, ni siquiera por el caudal recaudatorio de fondos, directo o indirecto, que pudiera proveerle para la atención de su presupuesto.

De suyo, sus mayores ingresos provienen hoy de su endeudamiento o de fuentes de jurisdicción nacional (vía coparticipación federal de impuestos o transferencias del Tesoro Nacional).

En cuanto a la deuda pública de la Provincia, el presupuesto 2019 advierte que la deuda a tomar es muy significativa y equivalente al 8,5% del total del gasto público provincial del ejercicio, existiendo además un stock muy importante y en una moneda volátil como es hoy el dólar estadounidense. Inclusive, la legislatura provincial autorizó nuevos endeudamientos por un monto total de 75 millones de dólares estadounidenses.

Y en lo que se refiere a los ingresos de jurisdicción nacional, estos representan el 86%, en tanto que apenas el 14% corresponde a los recursos de jurisdicción provincial, según datos oficiales[i] recientes, participación que viene decreciendo paulatinamente.

La decisión de privilegiarse unas fuentes sobre otras es, en definitiva, una decisión de política económica del Gobierno. Lo criticable es que esa decisión resta autonomía y margen de maniobra a las políticas provinciales, provocando además un desincentivo a la recaudación propia, al control de la evasión y la informalidad locales e, incluso, la expansión irresponsable del gasto público que agrega cuota local a la presión inflacionaria. Quizás estas consecuencias no sean de exclusiva responsabilidad de la provincia ya que en el actual esquema de federalismo existe una falta de correspondencia fiscal de gran magnitud entre los gastos descentralizados en las provincias y los recursos centralizados en la Nación, pero es imposible no objetar la tibieza del gobierno en la subordinación y allanamiento incondicional a la política económica nacional, evitando tomar decisiones estratégicas para el desarrollo económico desde lo fiscal.

El escenario luce hoy nocivo, indudablemente, pero podría evitarse con solo utilizar de manera eficiente la política tributaria como eje para el desarrollo económico, propiciando a través de la fiscalidad mercados locales competitivos regional e internacionalmente, con menores distorsiones económicas, con menor presión tributaria y regresividad, y con una rentabilidad que asegure retornos atractivos a quienes inviertan en la provincia.-

 

[1] Ley 27.429

[2] http://www.rentasjujuy.gob.ar/recaudacion-historica/

[3] Publicada en el Boletín Oficial Nº 81 del 19 de Julio de 2019.

[4] http://www.jujuyalmomento.com/post/100897/pymes-la-mejor-ley-del-pais-no-entusiasma-a-los-empresarios.html

[5] Ley 6.113

[6] http://cesde.fce.unju.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/Documento-de-Trabajo-N%C2%BA-34-2017-Medina.pdf

[7] http://hacienda.jujuy.gob.ar/recursos-2019/

RECAUDACION TRIBUTARIA PROVINCIAL EN BAJA: UNA CRONICA ANUNCIADA PERO… ¿EVITABLE?

Por Diego Andrés Colazo
Contador Público Nacional
Especialista en Tributación

Las variables macroeconómicas de nuestro país no vienen resultando ser de las magnitudes esperadas por el Gobierno.

Aún cuando se notan ínfimos avances en algunos ítems (inflación, por ejemplo) en otros la cuestión no es esperanzadora sino todo lo contrario (tipo de cambio, nivel de actividad económica, inversión, balanza comercial, tasa de interés, recaudación tributaria, etc.).

El panorama es tan complejo que hasta algunos de los más altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional manifestaron que subestimaron la situación económica argentina[i].

Pareciera en estos tiempos que todos los defectos de nuestra economía son responsabilidad exclusiva de la política. No dudamos que gran parte de ese postulado sea cierto, pero existe una cuota de responsabilidad que le toca a los funcionarios técnicos cuando no son capaces de advertir los hechos de la realidad y aconsejan medidas ineficaces o ineficientes.

En nuestro país, el manejo de la política económica está centralizado por el gobierno Nacional y desde allí se imponen a las provincias ciertas pautas rectoras, por lo que los márgenes de maniobra de los gobiernos subnacionales son escuetos.

Esta situación de absoluta dependencia económica y financiera de las provincias se termina por agravar cuando el manejo de ciertos agregados macro a nivel local no son gestionados correctamente.

Pongamos por caso la provincia de Jujuy y enfoquemos lo estrictamente impositivo para observar que la política tributaria es casi inexistente.

Por un lado, no existen beneficios impositivos para las actividades que puedan considerarse estratégicas de su matriz insumo producto, por lo que no hay incentivos para aprovechar ventajas competitivas si las hubiere.

Por otro lado, las alícuotas de ingresos brutos hoy se adecuan en términos generales a las del país y las de sellos siguen igual suerte. Tampoco se implementan políticas sobre las tasas medias impositivas o sobre la propensión marginal al consumo en procura de obtener efectos positivos originados en el multiplicador fiscal de la economía. En este mismo orden de ideas nunca existieron en Jujuy medidas anti cíclicas para sobrellevar caídas en términos reales de la recaudación.

En este escenario aparece un dato alarmante para las finanzas públicas de Jujuy y es que la recaudación tributaria viene padeciendo once meses consecutivos en los que queda por debajo de la inflación, al igual que la recaudación nacional[ii].

Esta circunstancia no debiera sorprender ya que como hemos expresado en otras ocasiones, la recaudación tributaria provincial depende en gran medida de la recaudación nacional, principalmente por el arrastre del impuesto sobre los ingresos brutos por parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pero no solo ello, el endurecimiento en materia de facturación y pagos o la eficiencia alcanzada en la fiscalización por parte del organismo recaudador nacional tiene su cuota adicional de implicancia. Y desde hace mucho tiempo que los analistas fiscales advirtieron en los medios de prensa lo que sucedía con los ingresos que recauda la  AFIP.

Ahora bien, que esta situación sea una crónica anunciada para cualquier analista fiscal abre un cuestionamiento: ¿era este escenario evitable?

En nuestra opinión la respuesta es afirmativa y deviene en una crítica hacia los responsables de la política tributaria por la falta de reacción ante los datos disponibles, circunstancia ésta que, en rigor, desnuda una carencia de visión y de planificación de la fiscalidad local.

Los datos a los que se hacen mención no son otros que los que a continuación se exponen en tres cuadros separados:

En efecto, desde Julio de 2018 que la recaudación tributaria provincial crece por debajo de la inflación, lo que supone una baja importante en el flujo de los recursos con que cuenta el Estado Provincial para hacer frente a un monto de gastos creciente por el mismo efecto inflacionario.

Son once (11) meses en los que la brecha entre incremento de recaudación e inflación pareciera agrandarse en el tramo que corresponde al ejercicio 2019, llegando a un pico de 34% en el mes de mayo de este año.

Se sabía que el Consenso Fiscal limitaría una parte importante de la política tributaria por cuanto existen compromisos de reducir alícuotas aplicables en el impuesto sobre los ingresos brutos según el cronograma acordado y que ello afectaría negativamente las recaudaciones provinciales[iii] agravadas, además, por una fuerte caída en el nivel de actividad económica.

Lo que resultó preocupante es que no se vislumbran todavía los cambios relevantes en el fisco provincial respecto del proceso de mutación de ingresos brutos que se transformará en un impuesto a las ventas que gravará la etapa de comercialización, de la eliminación del impuesto de sellos y de la fijación futura de valuaciones fiscales para los inmuebles por parte del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles[iv]. Ese estatismo no es solo patrimonio de Jujuy sino que en gran parte de las provincias el panorama es similar.

Otro aspecto que merece crítica es la gestión gerencial del organismo recaudador jujeño.

A veces inconexa, a veces errática, pero casi siempre ineficaz, muchas de sus acciones parecieran no ser fruto de matrices de intervención ni de modelos inteligentes de gestión basados en los perfiles de los contribuyentes jujeños sino costumbrismos administrativos basados meramente en experiencias antiguas, en manuales en desuso o en caprichos gerenciales.

El fisco provincial cuenta con un surtido abanico de herramientas de acción con un grado variable de poder fiscal, concepto éste vinculado con una medida de la exhaustividad en la utilización de los recursos estatales por parte de esas herramientas. La relación de poder fiscal y costo de administración es directa en muchos casos y ello resulta obvio: las medidas de mayor penetración suponen una utilización más intensiva de recursos por lo que su costo en términos monetarios es mayor. Ergo, la elección de las herramientas administrativas a utilizar debe realizarse en condiciones de certeza.

En el concreto caso jujeño surgen diversos interrogantes: ¿se conoce a los contribuyentes? ¿Qué actitud asumen frente al cumplimiento de sus obligaciones impositivas? ¿Se dispone de información sobre los niveles de cumplimiento o el tamaño de las brechas de incumplimiento? ¿Con qué métodos se determinan las brechas? Quienes incumplen, ¿lo hacen porque quieren y pueden, o porque en verdad no pueden o no saben cumplir? ¿Y qué pasa con esos contribuyentes cuando se los fiscaliza? ¿Deponen su actitud?

Responder los interrogantes planteados requiere de un análisis no solo de tipo objetivo sobre el resultado estadístico del porcentaje de incumplimiento tributario de los contribuyentes sino que se necesita además un análisis de tipo subjetivo sobre las actitudes de los contribuyentes.

En términos más espartanos, no solo se requiere determinar qué porcentaje de contribuyentes cumple con todo el ciclo de cumplimiento tributario sino que es necesario además determinar qué porcentaje de los que no cumplen tienen intenciones de hacerlo, qué porcentaje cumplirá luego de ser fiscalizado y qué porcentaje tienen pensado no cumplir.

Estos análisis, si se realizaran, permitirían al fisco provincial hallar soluciones adecuadas adoptando la mejor herramienta para cada tipo de contribuyente.

Esas tipologías o categorías se pueden precisar por diferentes métodos: análisis estadísticos de correlación, lecturas de padrón, análisis de regímenes de pago, auditorias fiscales recurrentes, matrices de riesgo fiscal, etc.

Los contribuyentes jujeños, desde el período 2018, son calificados e incluidos en cuatro (4) categorías de acuerdo al riesgo fiscal que proyectan. Más allá de que la Resolución General Nº 1.503 adolece de falta de implementación de consecuencias en su scoring, como herramienta le permite a la Dirección de Rentas clasificar a sus sujetos obligados de manera objetiva aunque sea la aconsejable.

Ahora bien, la cuestión sustancial es determinar si las acciones que implementa específicamente el fisco provincial para reducir el porcentaje de incumplimiento tributario repercuten positivamente en el scoring consolidado de contribuyentes o por el contrario, éste se mantiene inalterable.

De suyo que información de este tipo no se publica oficialmente pero también es cierto que medidas masivas repercuten en la calle y los resultados no tardan demasiado en emerger.

En los últimos tiempos se han tomado conocimiento de procesos masivos de intimaciones y multas sobre contribuyentes que no existen como tales desde hace muchos años. Trascendieron asimismo algunos lanzamientos de tibias campañas inductivas basadas en la utilización de presunciones a partir de indicios erróneos con su correspondiente invitación a rectificar declaraciones juradas.

La población impactada, indudablemente, sería muy significativa en números pero en términos de ingresos no existen resultados relevantes si observamos la secuencia recaudatoria.

La generación desmedida de multas, intimaciones, inducciones, etc., genera cuellos de botella operativos internos para el seguimiento de las instancias de apremio ejecutivo, problemas que se potencian con las deficiencias en la declaración de domicilios.

Por otra parte, se dispusieron desacertadas medidas de simplificación de trámite (v.gr. inscripción para contribuyentes no inscriptos detectados en operativos masivos de fiscalización, basados únicamente en un número de CUIL -ni siquiera CUIT-; trámite on line de solicitud de exenciones para grupos etarios de poca frecuencia de acceso a internet como jubilados, discapacitados, personas en condiciones de vulnerabilidad, etc.).

Si uno leyera entre líneas a partir de las acciones del fisco provincial, podría presumirse que existe una gran cantidad de contribuyentes que no cumplen porque no quiere y otra cantidad que no cumple porque le resulta un tanto difícil cumplir con ciertos requisitos administrativos.

Esa aseveración es falsa. Ese razonamiento omite a los contribuyentes que cumplirán pero solo una vez que sean fiscalizados o a los contribuyentes que no cumplen porque las condiciones económicas no son las mejores para ello por lo que se encuentran batallando por su supervivencia económica.

Sobre la base de nuestro expertise, de la información de que se dispone y de lo que se observa diariamente en la calle, nos atrevemos a sugerir algunas acciones.

Existe una gran cantidad de contribuyentes que desean cumplir con sus impuestos pero por las condiciones generales de la economía no están en condiciones de hacerlo.

Para ese segmento de contribuyentes es necesario disponer de medidas de alivio fiscal, algunas de las cuales se señalan a continuación:

  • Implementación de una moratoria general a diez años, con condonación parcial de intereses y total de multas. Dicha medida requiere de ley provincial.
  • Implementación de un régimen automático de crédito fiscal automático para aquellos contribuyentes cumplidores, de manera tal que se perciban beneficios e incentivos por el cumplimiento en tiempo y forma.
  • Propiciar diferimientos o desgravaciones en determinados tributos y circunstancias: por ejemplo en el pago del impuesto de sellos para la compra de automóviles 0 Km o usados, determinados alquileres, actividades específicas, etc.
  • Reducir la tasa de interés aplicable en los casos de mora en el pago de los impuestos provinciales.
  • Suspender temporalmente los procesos masivos de multas y títulos ejecutivos.

Para el segmento de contribuyentes que no tiene pensado cumplir deben reservarse las acciones de mayor poder fiscal y los mecanismos más fuertes de corrección de conductas disvaliosas. En esos casos la sugerencia es de disponer fiscalizaciones integrales en los casos en que se presuma elevado interés y no exista deuda cierta ni hipótesis contundentes de evasión. Si las hubiere, las fiscalizaciones deben ser rápidas, acotadas a inconsistencias puntuales y de tipo interno.

Para el segmento de contribuyentes que quieren cumplir recién una vez que son fiscalizados, lo ideal son los controles masivos recurrentes, integrales y sistémicos para llegar a una mayor cantidad de contribuyentes, midiendo eficientemente los niveles de cumplimiento y la eficacia de la acción fiscalizadora.

Finalmente, para los contribuyentes que desean cumplir pero no logran hacerlo por algunas cuestiones formales y que no tienen que ver con el pago en sí mismo del tributo, se sugiere avanzar con procesos de simplificación de trámites (presentación y pago de declaraciones juradas por internet, compensaciones on line efectuadas por los contribuyentes, ABM web con validación automática, exención de oficio con cruces automáticos para impuesto inmobiliario, etc.).

Hoy, las TICs permiten la utilización de la información de manera eficiente en la medida en que las matrices de intervención o los modelos de gestión inteligente sean bien diseñados. Sobre esa base, el proceso de toma de decisiones resulta más sencillo y el norte aparece más claramente.

Einstein solía decir que “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Tan genial definición podría replicarse al subexamine.-

 

 

Fuentes:

[i] https://www.clarin.com/economia/lagarde-dijo-subestimado-situacion-complicada-argentina_0_6Ueo9a2bU.html

[ii] https://www.iprofesional.com/impuestos/293273-afip-ingreso-crisis-La-recaudacion-de-mayo-quedo-por-debajo-de-la-inflacion-por-11-mes-consec%E2%80%A6

[iii] https://www.iprofesional.com/impuestos/294170-afip-impuesto-precios-La-recaudacion-de-ingresos-brutos-cayo-102-en-el-primer-cuatrimestre-del-2019

[iv] Decreto 938/2018.

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE TASA DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS

La Dirección Provincial de Rentas mediante Resolución General Nº 1527/2019 estableció que a partir de 02/05/2019, se deberá abonar la Tasa de Justicia, ingresando al sitio web www.rentasjujuy.gob.ar

RES. GRAL. N° 1527/2019

ÚLTIMO PLAZO PARA INFORMAR DEDUCCIONES EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

El 31 de marzo próximo, opera el plazo de vencimiento para aquellos contribuyentes que resulten alcanzados por el impuesto a las ganancias por su trabajo personal en relación de dependencia, por su función pública, como así también, para aquellos jubilados.

Las deducciones que deberán informarse corresponden a las acaecidas durante el año 2018.

Las mismas, se informan accediendo con cuit y clave fiscal a la página oficial del organismo (www.afip.gob.ar) al servicio “Siradig-Trabajador”.

Los conceptos deducibles son los siguientes:

  • Cónyuge: siempre que sea residente argentina y no perciba ingresos superiores al mínimo no imponible ($66.917)
  • Hijos: hasta 18 años o incapacitados para el trabajo sin límite de edad
  • Donaciones a entidades de bien público: con un límite computable del 5%
  • Cuota médica prepaga: con un límite del 5% de la ganancia neta
  • Gastos médicos: solo permite computar hasta el 40% de lo facturado
  • Alquiler de casa habitación: permite deducir hasta el 40% del monto mensual abonado, con el límite máximo del mínimo no imponible ($66.917). Ello siempre y cuando no sea propietario de ningún otro inmueble
  • Servicio doméstico: También posee el tope anual del mínimo no imponible, es decir $66.917. La empleada debe estar registrada en AFIP y el que la deduce como empleador
  • Impuesto al débito y crédito bancario: se deduce hasta el 33% de los cargos en las cuentas bancarias
  • Intereses de préstamos hipotecarios: hasta la suma de $20.000
  • Primas de seguros por riesgo de muerte: por el importe de $996
  • Gastos de sepelio: idéntico importe que el punto antecedente ($996)
  • Material didáctico al personal docente: por este concepto permite deducir hasta el 40% del mínimo no imponible, es decir $26.766,80

SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS A LOS JUBILADOS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el día 26 de marzo del corriente año, declaró inconstitucional el impuesto a las ganancias a jubilados.

Se trata del caso “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” quién comenzó dicho planteo por el año 2015 en la ciudad de Entre Ríos contra la Administración Federal de Ingresos Públicos con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio jubilatorio.

La sentencia realiza un recorrido extenso abarcando principios constitucionales en la tributación, como así también por el resto del ordenamiento jurídico.

Posteriormente, concluye aduciendo que no debe retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante (Sra. García).

Además, incitó al Congreso para que dicte una ley que contemple distintas situaciones de vulnerabilidad para los casos en que se aplica el tributo y que no se tenga en cuenta solamente la mera capacidad contributiva.

Es importante destacar también, que no fue un voto unánime de nuestro Máximo Tribunal. El voto en disidencia del hoy Presidente de la Corte –Dr. Rosenkrantz- expresa que a Ley de Impuesto a las Ganancias regula que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. Y en razón de ello no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la reclamante.

Ahora bien, es dable destacar, que lo aquí resuelto refiere a este caso en particular, pero sin embargo, este antecedente alentará a los hoy jubilados alcanzados por el gravamen en cuestión a realizar las presentaciones judiciales citando el presente fallo.

A continuación se adjunta el fallo completo:

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SE EXTIENDE EL PLAZO PARA LA UTILIZACIÓN DE CONTROLADORES FISCALES DE “NUEVA TECNOLOGÍA”

La AFIP procedió a prorrogar el plazo para que los contribuyentes adquieran y, a su vez, comiencen con la utilización de los controladores fiscales de “nueva tecnología”.

Los plazos a tener en cuenta son:

  • Los equipos de vieja tecnología podrán comercializarse o recambiar su memoria hasta fines de agosto de 2019, inclusive. Luego, solo se podrán recambiar las memorias por fallas técnicas durante el primer año contado de su alta y,
  • Para los equipos de vieja tecnología, se estableció un cronograma conformado por rangos, según la cantidad de máquinas que tengan habilitadas los distintos usuarios, que comenzará el 1 de abril del 2021 con el primer grupo y que finalizará el 30 de septiembre de ese año con el último grupo

EL APORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR DE JUJUY A LA PRESIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DEL 2019

Por Diego Andrés Colazo
Contador Público Nacional
Especialista en Tributación

Una de las problemáticas más señaladas en los últimos tres años y dentro de los ámbitos de discusión sobre el régimen tributario argentino es, sin lugar a dudas, la elevada presión fiscal que soportan los contribuyentes de parte de los tres niveles de gobierno: el federal, el provincial y el municipal (comunal o local).

Nuestro país ha venido afrontado un proceso interno que lo convirtió, finalmente, en un infierno fiscal, expresión ésta utilizada en la jerga para contrastar con los denominados paraísos fiscales (o para decirlo en los términos correctos países de baja o nula tributación).

Tanto así que en el marco de la Reforma Tributaria que encaró el gobierno nacional (y que incluyó a las provincias -y en cierta medida a los municipios- dentro del Consenso Fiscal) se priorizó como objetivo reducir esa presión tributaria con el fin de alcanzar una estructura económica más integrada y equitativa a nivel país, mediante la coordinación de potestades tributarias y la atenuación de los efectos impositivos distorsivos, procurando así mejores condiciones para el empleo, la inversión, el crecimiento y la competitividad en los mercados externos.

Hoy, ya con un diario de lunes, podría decirse que la Reforma Tributaria no tuvo buenos resultados. La presión tributaria consolidada se ha incrementado[i] de acuerdo a lo estimado por consultoras privadas y a lo previsto por el propio gobierno en su presupuesto al establecerse nuevos tributos y las reformas en los impuestos nacionales no conformaron a gran parte de la sociedad.

En este escenario infernal se desarrolla un régimen en el que conviven 163 tributos, de los cuales 40 son nacionales, 41 provinciales y 82 municipales, según un informe del IARAF[ii].

Las últimas estimaciones conocidas sobre la presión tributaria nacional que consolida los tributos nacionales, provinciales y municipales indican los siguientes porcentajes de presión tributaria:

Los municipios argentinos no permanecieron expectantes ante esta situación, y más aún cuando las provincias no avanzaron en los compromisos asumidos por el Consenso Fiscal, como es el caso de la Provincia de Jujuy, donde no hubo ningún tipo de avance en lo que se acordó al firmarlo:

  • Establecer regímenes legales de coparticipación provincial y de responsabilidad fiscal, controlando su cumplimiento.
  • Promover la adecuación de las tasas municipales aplicables de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y que sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de éste último.
  • Crear una base pública de datos en la que consten las tasas aplicables en cada municipalidad con sus principales aspectos (hecho imponible, base imponible, sujetos, alícuotas, etc.).
  • Impulsar un sistema único de liquidación y pago de tasas municipales.

Se reseñó que existen hoy 82 tributos municipales. Ello no implica que todos los gobiernos locales cobren esa cantidad de tasas. Según el mismo informe, cada Municipio cobra alrededor de 19 tasas, existiendo algunos que cobran 25.

En el caso de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, ciudad capital de la Provincia, en su régimen tributario coexisten 20 tributos (entre tasas y contribuciones) y 6 cánones, totalizando 26  los conceptos previstos en su Código Tributario[i].

Si bien los cánones no son técnicamente tributos sino pagos por la cesión de derechos de uso, a los efectos del presente artículo serán considerados como tales en razón de representar una fuente de ingresos corrientes del Municipio de su propia jurisdicción.

El siguiente análisis tiene por fin establecer la cuota de responsabilidad que le cabe al municipio de la capital jujeña en cuanto a su aporte a la presión tributaria consolidada del ejerció fiscal 2019.

Desde hace varios, la técnica legislativa utilizada por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy para dictar sus leyes Impositivas o Tarifarias de ejercicio consiste en expresar, en la mayoría de los tributos, el monto a abonar a través de “unidades tributarias”.

Lo curioso del asunto es que incluye en el penúltimo artículo de la misma ordenanza impositiva el valor de cada unidad tributaria, en lugar de delegar en el Ejecutivo el valor de la misma, como ocurre en otros municipios.

Mi crítica a esta forma de legislar es que resta transparencia fiscal a una norma de particular importancia para los ciudadanos contribuyentes en lo que se refiere a la planificación de su carga tributaria. En este sentido, sería mucho mejor expresar concretamente los montos a abonar por cada tributo en lugar de posponer la lectura hasta el capítulo final de la ordenanza impositiva donde se halla el elemento que permite cuantificar las obligaciones.

Ahora bien, obsérvese en el cuadro siguiente la situación particular de cada tributo o canon respecto de lo previsto para el ejercicio anterior:

De la lectura del cuadro pareciera que no hubo mayores incrementos en los tributos municipales, salvo 3 casos puntuales al que sumamos una tasa en la que se eliminaron exenciones.

Sin embargo, debemos señalar que lo que incrementa la presión tributaria municipal es el aumento en el valor de la unidad tributaria, según se expone:

Las variaciones en el valor de la unidad tributaria aumentaron un 41% desde el inicio del ejercicio 2018 al cierre del ejercicio 2019. Si se comparan por tramos similares de meses, las variaciones son del 30% para el primer tramo y 33% para el segundo.

Este indicador ya de por sí es claro en cuanto al incremento en la presión tributaria municipal capitalina y expone que en cada tributo hubo entonces un aumento del monto a pagar.

A ese aumento de presión debemos sumarle los incrementos específicos de los 3 tributos que presentan variaciones:

  1. En la Tasa por servicio urbano de limpieza en la vía pública (una de las que abarca mayor cantidad de contribuyentes) el incremento fue del 59% por el aumento de la cantidad de unidades tributarias a pagar. Ello, más el incremento en valor de la unidad tributaria provocó que haya aumentos mayores al 100% en este año respecto al anterior. El aumento perjudicó tanto a residencias como a comercios.
  2. En el Canon por utilización de bienes inmuebles de propiedad municipal hubo aumentos de 15% en la cantidad de unidades tributarias a pagar. A ello debe sumarse el aumento del valor de las unidades.
  3. En el derecho por el otorgamiento de licencias de conducir, se redujeron entre un 13 y un 23% las cantidades de unidades tributarias a abonar. No obstante, por el incremento del valor de la unidad de medida, los importes a abonar durante el ejercicio 2019 son mayores que los del ejercicio anterior, por lo que hubo incremento también en la presión tributaria por este concepto.

Finalmente, debe resaltarse una medida que tiene efectos importantes sobre los contribuyentes de la capital jujeña.

La Ordenanza Impositiva 2019[i] elimina el artículo 91 previsto en la ordenanza del ejercicio anterior[ii] referido a exenciones en la Tasa por Servicios de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene que beneficiaban a las empresas que se tributaron las tasas que inciden sobre la prestación del servicio de Alumbrado Público y sobre la instalación y suministro de gas, como así también a aquellas que tuvieren la concesión del servicio urbano de limpieza de la vía pública.

Dicha medida, además de impacto recaudatorio para el Municipio capitalino, supone un mayor costo fiscal que asumen los contribuyentes en sus respectivas facturas por la traslación parcial o total de ese costo impositivo que asumen las empresas que prestan esos servicios.

A partir del análisis efectuado y de diversas experiencias sufridas en el ámbito de la tributación municipal, surgen algunas observaciones puntuales:

  1. Resulta ser muy significativo el incremento de la presión tributaria municipal en San Salvador de Jujuy para el período fiscal 2019, tanto por los aumentos en las unidades tributarias a abonar como en el aumento de su valor.
  2. En los últimos años se vienen tomando algunas decisiones desacertadas en materia de política fiscal local, como por ejemplo la generalización de la Tasa por Servicios de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene que calcula su base imponible a partir de un porcentaje de los ingresos brutos obtenidos por los contribuyentes y sin considerar el verdadero costo del servicio que es perfectamente determinable. Otros ejemplos de errores en la política fiscal municipal es la eliminación de exenciones en dicha tasa y en el establecimiento de regímenes de recaudación anticipada, de bajo costo para el fisco y efectos no deseados para los sujetos designados agentes y los contribuyentes en cuanto a costos operativos, responsabilidades e injerencia en mercados.
  3. La legislación tributaria municipal es compleja, de difícil acceso y exhibe poca transparencia para el contribuyente.
  4. La administración tributaria municipal no se encuentra profesionalizada en un grado razonable y sus estructuras y procesos son demasiado burocráticos e ineficientes.
  5. Los contribuyentes son prisioneros para cualquier trámite de las trampas de los “Libre Deuda”.
  6. La fiscalización tributaria municipal es inexistente en un contexto de altísima informalidad.

Los presupuestos deficitarios de los Municipios son culpables sin lugar a dudas de su creciente angurria recaudatoria. En la medida en que no se reduzca y se haga más eficiente el gasto público la presión tributaria municipal seguirá en aumento y atentando contra todo intento de desarrollo económico local.

La política fiscal local debe establecer los tributos sin mirar la columna de los gastos y haciendo foco en los costos de los servicios prestados, de los derechos por cobrar o de los beneficios recibidos por los contribuyentes.

Si no, esa expresión más cercana y mínima del Estado que constituye un municipio continuará siendo inviable para los contribuyentes ciudadanos que lo soportan.

Referencias y Fuentes:

[1] https://www.clarin.com/economia/economia/nuevamente-presion-tributaria-record_0_abUBNoesr.html

[2] https://www.iaraf.org/index.php/informes-economicos/area-fiscal/277-informe-economico-48

[3] Ordenanza Nº 3893/2003 del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

[4] Ordenanza 7.292/2018.

[5] Ordenanza 7.141/2017.

Ordenan que un jubilado, sin aceptar la propuesta de la ANSES, prosiga percibiendo la Reparación Histórica.

JURISPRUDENCIA FEDERAL
Ordenan que un jubilado, sin aceptar la propuesta de la ANSES, prosiga percibiendo la Reparación Histórica.

En fecha 06/11/2018, la CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Sala 01-, hace lugar a la medida cautelar solicitada por un jubilado que cuenta con sentencia de reajuste a su favor y ordena a la Anses que le siga abonando mensualmente, junto al haber jubilatorio, el importe del plus por Reparación Histórica, sin requerirle que acepte la propuesta efectuada por el organismo previsional. Señala que la medida tiene el propósito de lograr la protección inmediata del objeto principal, a fin de que el mismo no se desnaturalice o se torne ineficaz por el transcurso del tiempo, en el marco establecido por la Ley 26.854, que admite su procedencia ya que la edad avanzada de la peticionaria la incluye en el sector social más vulnerable. Agrega que los pagos efectuados por la demandada significaron el reconocimiento de una deuda que se origina en idéntica causa que la que motivó la promoción del juicio por reajuste de haberes. En tal sentido, destaca que la propia accionada abonó unilateralmente el suplemento de reparación histórica sin que medie consentimiento del interesado, lo que constituye un inequívoco reconocimiento por su parte del derecho a su cobro.

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Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ)

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